Nuevas obligaciones para el sector público y privado, ¿qué empresas se ven afectadas?
El 23 de abril de 2018, la Comisión Europea aprobó la nueva Directiva para la Transparencia, protegiendo a quienes informan sobre violaciones de la ley en la Unión Europea. La Directiva incluye la obligación para los Estados miembros de crear canales de denuncia, tanto internos como externos a la organización, garantizando la confidencialidad.
La Directiva también abarca la protección de informantes en compras públicas, servicios financieros, blanqueo de dinero, seguridad en el transporte, protección medioambiental, seguridad alimentaria, salud pública, salud animal, protección del consumidor, protección de datos o regulaciones tributarias.
El de 2023, la nueva Ley de Protección de las Personas que Informan sobre Infracciones Normativas y de Lucha contra la Corrupción se publicó en el BOE después de ser aprobada en el Congreso.
¿En qué consisten los canales de denuncia?
Estos canales surgen para proteger a los denunciantes de casos de corrupción, fraude o violaciones de la ley dentro del marco de la UE. Establecen medidas para garantizar canales protegidos para realizar denuncias y prohíben represalias.
Según informes, muchas personas que denuncian irregularidades admiten sufrir represalias. Los canales de denuncia buscan proteger a los denunciantes en el sector privado y público con información sobre infracciones laborales.
La protección se extiende a todos los trabajadores, incluidos los indefinidos, a tiempo parcial, con contratos temporales o finalizados, funcionarios, trabajadores del sector público, terceros que faciliten información al denunciante, accionistas, partícipes, personas del órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa, trabajadores autónomos, y representantes legales de los trabajadores.
¿Cómo se protege a la persona que denuncia?
La legislación prohíbe que un empleado que denuncia irregularidades:
- Sea despedido o tenga su contrato laboral suspendido.
- Se le impongan medidas disciplinarias o cualquier modificación adversa en sus condiciones laborales.
- Experimente acoso o cualquier forma de intimidación.
¿Qué tipos de denuncias no estarían amparadas por esta protección?
- Informes relacionados con disputas interpersonales.
- Información sobre irregularidades ya totalmente accesibles al público o que no aporten novedades respecto a informes anteriores.
- Información que sea meramente especulativa, carezca de verosimilitud o que se haya obtenido mediante la comisión de un delito.
¿Quiénes participan en el tratamiento de los datos personales?
La controversia ha surgido en torno a quiénes deben participar en el manejo de datos personales según el artículo 5.1 de la Ley 2/2023. Este artículo establece que el órgano de administración u órgano de gobierno de cada entidad u organismo sujeto a esta ley será responsable de implementar el Sistema interno de información, tras consultar con la representación legal de los trabajadores, y actuará de acuerdo con las normativas de protección de datos.
La discusión se centra en la determinación de la posición legal de los involucrados en el tratamiento de datos personales. Según el RGPD, el responsable del tratamiento determina los fines y medios del tratamiento, mientras que el encargado del tratamiento lo realiza en nombre del responsable.
El artículo 6 de la misma ley regula la gestión del sistema por un tercero externo, considerado encargado del tratamiento. La ambigüedad radica en si esta gestión se limita a la recepción de información o incluye otras acciones, como la tramitación de las denuncias. La ley no aclara completamente este punto.
Según la AEPD, la interpretación correcta de la ley requiere identificar como responsable del tratamiento a la entidad u organismo sujeto a la ley, sin perjuicio de que las decisiones necesarias para su correcta implementación deban ser tomadas por el órgano de administración u órgano de gobierno correspondiente.
¿Existen sanciones en caso de incumplir con los canales de denuncia?
Los Estados de la Unión Europea consideran fundamental establecer sanciones penales, civiles o administrativas para garantizar que no se tomen represalias contra los denunciantes.
La Ley contempla sanciones de hasta un millón de euros para las empresas.
Las multas podrán oscilar:
- Desde 1.001 a 300.000 euros si se trata de personas físicas.
Desde 10.001 a 1.000.000 de euros en el caso de las jurídicas.
Además, se sancionarán a personas en el caso de presentar denuncias falsas o a las empresas que revelen dichas denuncias.
Es interesante tener conocimiento de esta normativa para ir previendo la inclusión de estas medidas. En el ámbito empresarial, la transparencia se ha convertido en una tendencia notable. Mantener un enfoque constante en esta ley es crucial, ya que su cumplimiento es esencial para la adaptación efectiva a los cambios normativos.
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